En los papeles dice una cosa. En la calle, otra.
Por Rubén Pombo (*)
Mientras miles de gendarmes sostienen el servicio en condiciones cada vez más precarias —con salarios que no alcanzan, sin cobertura adecuada y, en muchos casos, organizándose entre ellos para resolver cuestiones básicas—, la conducción de la fuerza firma disposiciones que generan, como mínimo, indignación.
La situación fue expuesta públicamente por la diputada nacional Marcela Pagano, quien denunció el contraste entre el ajuste que atraviesa el personal subalterno y los gastos autorizados en la cúpula de la fuerza. Su planteo no solo puso el tema en agenda, sino que dejó al descubierto una tensión que viene creciendo desde hace tiempo puertas adentro.
El documento es claro: una disposición oficial aprueba la adjudicación de más de 38 millones de pesos para la compra de insumos de cafetería. No se trata de una interpretación ni de una denuncia sin respaldo. Es un acto administrativo formal, fechado en noviembre de 2024, firmado por la Dirección Nacional de Gendarmería.
En paralelo, la realidad del personal subalterno muestra otra escena: destacamentos donde se hace “la vaquita” para comprar agua, falta de insumos básicos y una situación salarial que, lejos de recomponerse, sigue deteriorándose.
La contradicción es demasiado evidente como para ser ignorada.
No se trata de discutir la necesidad administrativa de determinados gastos. Se trata de prioridades. Porque cuando una institución que cumple funciones críticas de seguridad no logra garantizar condiciones mínimas a su personal, cada peso que se destina a otros fines deja de ser neutro: se vuelve un mensaje.
Y el mensaje que hoy reciben muchos efectivos es claro: el ajuste no es para todos.
La situación expone un problema más profundo, que excede a una compra puntual. Tiene que ver con la forma en que se administran los recursos públicos dentro de estructuras cerradas, donde los mecanismos de control suelen diluirse en circuitos burocráticos largos, poco transparentes y difíciles de auditar en tiempo real.
Cuando eso ocurre, el riesgo no es solo económico. Es institucional.
Porque una fuerza que exige disciplina, vocación y sacrificio a su personal no puede permitirse dar señales de privilegio en su conducción. No sin erosionar su propia legitimidad interna.
La política también queda interpelada. Durante años se instaló la idea de terminar con los privilegios, de ordenar el gasto y de transparentar el funcionamiento del Estado. Sin embargo, episodios como este muestran que, en algunos ámbitos, las lógicas tradicionales siguen intactas.
Ajuste para los de abajo.
Comodidad para los de arriba.
No es una consigna. Es una percepción que crece puertas adentro de la fuerza.
Y cuando eso pasa, el problema ya no es solo presupuestario. Es de conducción.
Porque en seguridad, como en cualquier institución jerárquica, la autoridad no se impone solo con órdenes. También se construye con ejemplo.
Y ese ejemplo, hoy, está en discusión.
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario APROPOL Noticias
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