Una presentación inédita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia que la violencia institucional en Argentina no es una suma de casos aislados, sino un patrón estructural que atraviesa a policías, fuerzas federales, empleados públicos y víctimas del Poder Judicial.
Por Rubén Pombo
La petición, impulsada por la oficial Belén Garay (Policía de la Ciudad) y la AAVI (Asociación Argentina de Víctimas de la Violencia Institucional), busca abrir una audiencia temática para que el sistema interamericano evalúe prácticas sistemáticas de hostigamiento, sanciones arbitrarias y abusos de poder en todo el país.
Motivos y detalles
La presentación elevada hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no habla de hechos aislados ni de irregularidades puntuales. Lo que se expone es un patrón estructural de violencia institucional en Argentina, sostenido por prácticas que se repiten en todos los niveles del Estado: sumarios que nunca terminan, sanciones sin fundamento, hostigamiento laboral, abuso de poder, falta de tutela judicial efectiva, revictimización, discriminación por género y graves fallas en los mecanismos internos de control y denuncia. La solicitud de Audiencia Pública busca justamente encuadrar este fenómeno como un problema nacional y sistémico, no como una colección de casos sueltos.
La convocatoria permanece abierta para que nuevas víctimas y representantes puedan sumarse al expediente. La audiencia temática —si la CIDH la concede— permitirá visibilizar el daño colectivo y exigir al Estado reformas concretas y verificables. En el fondo, el reclamo apunta a lo esencial: que el poder público deje de funcionar como instrumento de castigo contra los ciudadanos, que la justicia actúe a tiempo y que ningún trabajador del Estado vuelva a ser destruido por las mismas instituciones que deberían protegerlo. El momento es ahora; lo contrario es seguir aceptando el silencio, el miedo y la resignación.
Informe Técnico-Jurídico N.º 13 Memorando Especial Sobre Enfoque de Género Caso 15.733 by Apropol Noticias
En primera persona
Queridos camaradas:
Me presento. Soy Gisela Belén Garay, Policía de la Ciudad. Desde hace nueve años soy víctima de violencia institucional y continúo en servicio pasivo. Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Policía de la Ciudad violan mis derechos de manera sistemática desde 2016.
En 2021 presenté una petición individual ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pasado 5 de octubre, la Comisión quedó habilitada para emitir el Informe de Fondo en mi caso.
Mi expediente está completamente documentado: toda la prueba y los escritos ya fueron presentados. Mi situación está formalmente incorporada al Sistema Interamericano.
En este camino fui encontrando a muchísimas víctimas de violencia institucional: personas con causas injustas, represalias, hostigamiento, abuso de poder o que, incluso estando en actividad, padecen distintos tipos de violencia dentro de sus instituciones.
Frente a esa realidad entendí algo fundamental: no alcanza con seguir solo mi caso.
Podría pedir una audiencia solo para fortalecer mi expediente, pero sería insuficiente y, en este contexto, egoísta. La audiencia temática no reemplaza las peticiones individuales ni los procesos propios de cada persona: para llegar a una instancia contenciosa ante la CIDH, cada víctima debe presentar su petición formal, con los requisitos correspondientes.
Eso lleva tiempo.
Pero la audiencia temática sirve para algo distinto y muy poderoso: exponer colectivamente ante la Comisión Interamericana la violencia institucional estructural que padecemos empleados públicos, policías, fuerzas de seguridad y fuerzas federales en toda Argentina.
Hoy ya están participando distintos sectores:
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Policía de Córdoba
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Policía de la Ciudad
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Gendarmería Nacional
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Prefectura Naval
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Víctimas del Poder Judicial
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Asociaciones de abogados
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Trabajadores estatales de múltiples áreas
Son todos casos reunidos durante años.
Todos víctimas de un patrón estructural de violencia institucional, no de hechos aislados.
En la audiencia temática podremos exponer ante la CIDH, a través de los formularios, todo lo que vivimos como víctimas de prácticas sistemáticas del Estado.
Y cuando la Comisión otorgue —Dios mediante— la audiencia pública, un orador y todos los formularios enviados permitirán presentar ante el sistema interamericano las evidencias y temáticas del daño estructural.
Ese espacio no es simbólico: permite que la CIDH emita recomendaciones directas a Argentina sobre cómo prevenir, sancionar y evitar que estas prácticas continúen.
No prometo un resultado específico. Sería irresponsable hacerlo.
Pero como víctima sí puedo afirmar algo con claridad:
Una vez concedida la audiencia pública y presentados los formularios, aunque no se trate de un trámite contencioso, cada persona podrá demostrar ante sus autoridades judiciales y administrativas que su caso está siendo observado por el Sistema Interamericano.
Y eso —lo digo con experiencia propia— cambia completamente la posición del expediente ante cualquier organismo interno.
Adjunto el modelo de solicitud y el formulario para que puedan completarlo hasta el próximo miércoles.
Si incluso estando en prisión sufren tratos crueles o inhumanos, no pierdan la oportunidad de dejarlo registrado.
No bajen los brazos.
Será justicia.
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