Servini procesó al gendarme Héctor J. Guerrero por disparar seis veces fuera de protocolo y herir gravemente al fotógrafo Pablo Grillo (12/3, Congreso): sin preventiva, embargo de $203 millones y prohibición de salida del país. Milei, Bullrich y la cadena de mando, por ahora, ni aparecen.
Por Alberto Martínez (*)
La jueza federal María Servini procesó al cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero por las lesiones gravísimas causadas al fotorreportero Pablo Grillo durante la represión del 12 de marzo frente al Congreso: seis disparos de gas lanzados en forma horizontal y fuera de protocolo, sin prisión preventiva, embargo por $203 millones y prohibición de salida del país. La cadena de mando, por ahora, ni siquiera asoma al banquillo.
La resolución reconstruye cuadro por cuadro el momento en que un cartucho de 38 mm impacta en la cabeza de Grillo, a unos 47 metros de la línea policial. El fallo subraya que el arma (pistola lanzagases FM) no debía dispararse en línea recta ni hacia personas —lo prohíben los manuales y el propio protocolo de orden público— y que Guerrero actuó con dolo eventual: se representó el daño posible y aceptó el riesgo.
Según señaló la magistrada, no se trata de un “novato”: integraba la Sección de Empleo Inmediato, con una década de servicio. Aun así, disparó al menos seis veces en forma antirreglamentaria en menos de diez minutos. Servini calificó el hecho como lesiones gravísimas agravadas por abuso de función y abuso de armas agravado (sin preventiva por ausencia de riesgos procesales). Medidas: embargo millonario, fijación de domicilio y reportes periódicos.
El dato político es imposible de ignorar: el único engranaje que hoy paga el costo penal es el que está más abajo. Los lineamientos operativos, la planificación, las órdenes en terreno y la pedagogía institucional del “garrote rápido” siguen fuera del expediente. En paralelo, otros medios confirmaron el mismo sentido del fallo y agregaron que hubo otro procesamiento a un prefecto por dejar ciego a un manifestante en el mismo contexto represivo. ¿Responsabilidades superiores? Bien, gracias.
En paralelo, Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires; si resulta electa, accederá a fueros parlamentarios —algo que sus críticos interpretan como un intento de blindaje político—, mientras la responsabilidad penal por la represión del 12 de marzo recae, por ahora, en el cabo Héctor J. Guerrero, recién procesado por Servini por disparar fuera de protocolo y herir gravemente a Pablo Grillo.
La pregunta que nos desvela en Frecuencia Azul, sin eufemismos: ¿somos iguales ante la ley o el hilo penal se corta —otra vez— por lo más delgado? Si los manuales y la Resolución 943/2023 dicen una cosa y en la calle se enseña otra, el problema no es (solo) el dedo que aprieta el gatillo del lanzagases: es la mano que ordena, el ojo que mira para otro lado y la cultura que premia números. Allí es donde una democracia cansada empieza a parecerse demasiado a su caricatura.
En la misma línea, procesó al prefecto Sebastián Martínez por lesiones graves agravadas por abuso de función por el disparo que dejó sin visión de un ojo a Jonathan Navarro (hincha de Chacarita).
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(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública.
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Fuente: CONFIANZA SOBERANA – Teoría Política en Desarrollo (Argentina)