Por Alberto Martínez (*)
“Estoy en desacuerdo con que la Policía haga política”, declaró Patricia Bullrich esta semana, refiriéndose al caso de los efectivos separados en la Provincia de Buenos Aires por presunto apoyo a un candidato de La Libertad Avanza. Hasta ahí, nada nuevo: la neutralidad institucional de las fuerzas de seguridad es una bandera que todos agitan… siempre y cuando les convenga. Pero lo curioso —y peligroso— aparece cuando esa consigna se convierte en coartada para algo mucho más grave: negarle al trabajador policial su derecho a ser ciudadano.
La trampa de la neutralidad
Nadie discute que la institución policial debe ser apartidaria. Su misión es garantizar derechos, no hacer campaña. Pero una cosa es que la institución no haga política partidaria, y otra muy distinta es pretender que los trabajadores que la integran renuncien a su pensamiento, su voto, su palabra y su dignidad.
La Doctrina de la Sospecha Permanente —que atraviesa transversalmente a los distintos gobiernos— parte de la desconfianza. Por eso reprime cualquier intento de participación, de organización o de expresión en el personal uniformado. Se los quiere obedientes, no conscientes. Se los quiere eficientes, pero mudos. Se los quiere operativos, pero inertes políticamente.
Ni súbditos ni decorado
Bullrich se indignó con razón por el despido masivo de policías bonaerenses, calificándolo como un acto de “deslealtad política” que termina fortaleciendo al propio candidato cuestionado. Pero no fue más allá: no cuestionó el fondo de la cuestión, que es la negación sistemática de derechos fundamentales a miles de trabajadoras y trabajadores del Estado.
Porque sí: los policías son trabajadores. Y como tales, tienen derecho a organizarse, a tener sindicatos, a expresar su opinión y a elegir sin ser perseguidos. Pretender que sean “neutrales” en su vida privada es una forma solapada de subordinación. Es pedirles que sirvan al Estado como piezas desechables, sin voz, sin derechos, sin historia.
¿Y los sindicatos?
Lo más grave es que ni siquiera se reconoce legalmente la existencia de nuestras organizaciones sindicales, a pesar de que la Constitución Nacional garantiza ese derecho en su artículo 14 bis. No solo se persigue a quienes se expresan políticamente: también se reprime a quienes ejercen la más elemental de las formas de organización colectiva. Desde hace décadas, miles de policías en todo el país han intentado construir gremios, asociaciones, mesas de diálogo y espacios de representación real. Pero el Estado, lejos de reconocerlos, los responde con cesantías, sumarios y silencios cómplices. El objetivo es claro: aislar, dividir y someter.
Milei no es la excepción: es continuidad
El actual gobierno de Javier Milei no solo sostiene esa negación, sino que la convierte en política de Estado. En nombre de la “libertad”, se niega a reconocer la más elemental libertad sindical para quienes portan uniforme. En nombre de la “eficiencia”, se ataca todo derecho colectivo. En nombre del “orden”, se justifica la humillación. Dicen venir a terminar con los privilegios de la casta, pero convierten a los trabajadores de las fuerzas en esclavos institucionales. La motosierra, en este caso, no corta privilegios: corta derechos.
Lo dijo hasta el propio gobernador
El propio Axel Kicillof —gobernador bonaerense— y su ministro de Seguridad lo reconocieron hace pocos días:
“Los policías, como ciudadanos, tienen derecho a opinar y participar políticamente, fuera de su función institucional.”
Entonces, ¿por qué la sanción? ¿Por qué la separación? ¿Por qué el castigo sin proceso?
Estado de derecho… para algunos
Cuando el Estado aplica sanciones sin sumario, cuando castiga sin evaluar contexto ni proporcionalidad, cuando hace silencio frente a las demandas laborales del personal policial, lo que está haciendo no es defender la legalidad: es usarla como látigo. Es gobernar desde el miedo.
Y eso no fortalece la seguridad. La envenena. Porque no hay seguridad pública sin confianza institucional. Y no hay confianza si el servidor público no es también sujeto político, trabajador con derechos y ciudadano pleno.
La policía no debe hacer política partidaria. Pero el policía, la mujer policía, el agente que patrulla las calles, sí tiene derecho a pensar, opinar, votar, organizarse y reclamar. Quien no lo entienda, no defiende la democracia: la simula.
Y mientras sigamos expulsando ciudadanos del contrato democrático, disfrazándolo de neutralidad institucional, el Estado seguirá devorándose a sí mismo.
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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