A un año de la detención de Lautaro Álvarez y Ezequiel Puntano, el expediente muestra ADN negativo, registros de GPS exculpatorios y contradicciones del relato acusador. Sin embargo, ambos continúan en prisión preventiva. El abogado defensor denuncia errores técnicos graves y exige una respuesta urgente del Poder Judicial.
Por Rubén Pombo (*)
El 24 de marzo de 2024 fueron detenidos los policías Lautaro Ulises Álvarez y Ezequiel Puntano, acusados de un presunto abuso ocurrido en Roldán. Hoy, más de un año después, siguen tras las rejas, esperando un juicio que no llega, mientras las pruebas duras del expediente apuntan en otra dirección: la de su inocencia.
El caso, que ha sido silenciado por los grandes medios, volvió a cobrar notoriedad luego de que el abogado defensor, Dr. Martín Mazzeo, expusiera públicamente las irregularidades del proceso durante una entrevista en el programa radial “Se presume culpable”. Allí reveló una serie de elementos que desmoronan el relato acusatorio y cuestionan con dureza el proceder de fiscales y jueces.
ADN negativo, GPS salvador y una pericia que no cierra
Según explicó Mazzeo, la investigación incluyó una pericia de ADN realizada apenas se radicó la denuncia. El resultado fue contundente: negativo para ambos imputados. Es decir, no había rastro alguno que los vincule físicamente con el hecho denunciado.
Pero la prueba más reveladora fue el registro del GPS del móvil policial, que reconstruye el recorrido del patrullero durante toda la madrugada en que habría ocurrido el hecho. De acuerdo a esos datos —irrefutables— el patrullero nunca estuvo en el lugar donde se sostiene que ocurrió el supuesto abuso. En cambio, se encontraba cumpliendo funciones oficiales, con registros horarios que cuadran milimétricamente con otros elementos de la causa.
Además, una pericia psicológica forense realizada a la denunciante de 15 años indicó que no presenta los indicadores típicos de una víctima de abuso sexual. La joven se mostró comunicativa, sin señales de angustia, retraimiento ni malestar. La pericia concluye que el relato carece de la carga subjetiva esperable en casos de esta índole.
Una cronología que revela otra historia
El Dr. Mazzeo detalló que, tras haber sido vistos por la joven en un descampado, los efectivos se comunicaron con su superiora, quien les indicó trasladarla al domicilio de su madre. Todo está documentado: el llamado, el trayecto, la entrega de la menor y la hoja de ruta firmada posteriormente. No hubo desvíos, ni detenciones sospechosas, ni tiempos muertos que permitieran un hecho delictivo.
Lo que sí hay es una denuncia cambiante, que en un primer momento hablaba de un auto negro con tres personas y que luego se centró en los policías. “Hay contradicciones severas y elementos objetivos que no concuerdan con el relato. Sin embargo, los fiscales siguen adelante como si nada”, denunció el abogado.
“Los jueces son escribanos de los fiscales”
La acusación ha sido sostenida únicamente por el testimonio de la denunciante, sin elementos materiales que lo respalden. Aun así, se ordenó la prisión preventiva de los efectivos, que ya llevan más de un año privados de su libertad.
“El Poder Judicial está cometiendo errores técnicos muy graves. Se niegan a incorporar pruebas de descargo. Los jueces ya no son jueces, son escribanos de los fiscales”, disparó Mazzeo en la entrevista. Y agregó: “Si esto fuera un juicio por jurado, con este nivel de pruebas, estos chicos ya estarían libres”.
¿Justicia o castigo anticipado?
La familia de los policías no baja los brazos. “¿Hasta cuándo va a valer más un relato que todas las pruebas a favor de mi hijo?”, se preguntó la madre de uno de ellos, visiblemente conmocionada. Reclaman que se respete el principio de inocencia y se ponga fin a una prisión preventiva que ya no se justifica bajo ninguna perspectiva legal ni moral.
Desde APROPOL venimos denunciando una tendencia peligrosa en la administración de justicia: la presunción de culpabilidad automática cuando el imputado lleva uniforme. Casos como este reflejan una justicia que parece funcionar con una vara distinta para los trabajadores de la seguridad pública.
Libertad hasta que se demuestre lo contrario. Justicia, no revancha.
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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