El pase a disponibilidad de 24 policías en la Provincia de Buenos Aires por supuestos vínculos con un candidato libertario desató una tormenta política y mediática. El sindicato policial SIPOBA denunció “hipocresía total” del gobierno bonaerense y defendió el derecho a la participación política de los uniformados.
Por Rubén Pombo (*)
La escena se repite. Otra vez, policías bonaerenses son señalados, desplazados y condenados públicamente sin sumario ni defensa. Esta vez, 24 efectivos fueron pasados a disponibilidad tras una denuncia anónima que los vincula con el excomisario y actual candidato de La Libertad Avanza, Maximiliano Bondarenko.
El gobierno de Axel Kicillof reaccionó con fuerza. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, habló de una “confabulación” dentro de la fuerza y denunció que se usaban oficinas públicas para impulsar una “reforma policial alternativa” con fines electorales. Según sus declaraciones en Radio 10, la Auditoría General de Asuntos Internos halló material de campaña, pantallas con íconos libertarios y documentos políticos en dependencias policiales.
Pero mientras el oficialismo intentaba justificar la medida, el Sindicato Policial Bonaerense (SIPOBA) rompía el silencio con una contundencia pocas veces vista.
“Hipocresía total”: la respuesta sindical
En declaraciones al portal Infocielo de la ciudad de La Plata, el Secretario General de SIPOBA, Nicolás Masi, fue directo:
“No hubo cesantía, solo pases a disponibilidad. Pero lo más grave es la hipocresía total del gobierno bonaerense.”
Masi recordó que otros comisarios fueron candidatos sin que nadie los tocara, como Guillermo Britos, hoy intendente, o el propio Bondarenko, quien ya es concejal en funciones.
“Ahora se los castiga porque están en la vereda de enfrente. Es un atropello inconstitucional”, sentenció.
Desde SIPOBA sostienen que todo impedimento para participar en política sin afectar funciones operativas debe ser revisado, y que utilizar la disponibilidad como castigo sin sumario es una forma moderna de censura administrativa.
Bullrich entra en escena: “una locura total”
La reacción no tardó en escalar a la arena nacional. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, denunció una persecución política contra quienes “ponen el cuerpo todos los días”.
Desde su cuenta en redes sociales, lanzó:
“El inútil de Kicillof cesantea a 24 policías solo porque cree que apoyan a Bondarenko. ¿La causa? Ninguna. Pura persecución política.”
“No echó a los que atacaron TN. No echó a los que agredieron a Espert. Pero sí a quienes cuidan a los ciudadanos. Una locura total.”
La propia ministra anticipó una foto conjunta con Bondarenko, metiendo el caso de lleno en la campaña electoral de la Tercera Sección.
Lipovetzky: el disciplinamiento por Twitter
En la otra vereda, el exdiputado del PRO Daniel Lipovetzky celebró la medida con un posteo polémico:
“Bien echados. Cesantearon 24 policías por hacer política en oficinas públicas. Encima cobraban el sueldo con la nuestra. ¡Impresentables!”
La declaración, cargada de desprecio, minimizó los principios del debido proceso y encendió alarmas en el sindicalismo policial: el castigo preventivo se está naturalizando como norma.
APROPOL: del rumor a la doctrina
Desde APROPOL Noticias vienen advirtiendo que la Doctrina de la Sospecha Permanente se consolida como lógica estructural dentro del Estado: se sanciona sin probar, se vigila sin causa, se excluye sin proceso.
En este caso, el pase a disponibilidad se usa como castigo encubierto por pensamiento político, sin sumario, sin audiencia, sin garantía alguna.
Y mientras el conflicto se vuelve materia de campaña, el daño real lo sufre la tropa: miedo, descrédito, y una nueva señal de que opinar es peligroso.
¿Qué está en juego?
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El derecho de todo trabajador estatal a opinar, pensar y participar políticamente.
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La línea divisoria entre disciplina institucional y persecución ideológica.
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La exigencia de debido proceso y proporcionalidad como límites básicos a la potestad sancionadora del Estado.
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La necesidad de una representación sindical legítima que defienda a los uniformados frente al abuso político.
Desde FASIPP, SIPOBA y desde APROPOL reafirman que el uniforme no anula los derechos ciudadanos. Y que el miedo no puede seguir gobernando las fuerzas de seguridad.
(*) Periodista.
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