La justicia federal autorizó la aplicación de la Ley 27.786 en Rosario. Lo que se presenta como una medida para combatir el crimen organizado, inaugura un régimen de excepción que afecta por igual a los ciudadanos de a pie y a los trabajadores policiales.
Por Alberto Martínez (*)
Con la autorización judicial del juez Rodríguez Da Cruz, Rosario se convierte en la primera “zona especial” donde se aplica formalmente la Ley Antimafia (N.º 27.786), sancionada en abril. La medida, celebrada por el gobierno como un paso clave contra el narcotráfico, despierta fuertes cuestionamientos sobre su impacto real en la ciudadanía y en los trabajadores uniformados, quienes deberán actuar sin protocolos claros, sin garantías legales y bajo una creciente presión política.
El expediente —impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación— habilita un conjunto de herramientas legales que refuerzan el poder de los fiscales en causas por crimen organizado: allanamientos expeditivos, interceptación de comunicaciones, seguimientos intensivos y detenciones preventivas sin delitos comprobados. A esto se suma la figura de “pertenencia a una organización criminal”, que permite aplicar penas de hasta 20 años por mera vinculación.
¿Mayor seguridad o más control?
Desde su sanción, juristas, organismos de derechos humanos y expertos en seguridad han advertido sobre el riesgo de que esta norma establezca una doctrina de sospecha permanente, donde la presunción de culpabilidad reemplaza al debido proceso. Hoy, con su aplicación concreta en Rosario, la alerta se transforma en urgencia.
“La ley se presenta como herramienta contra el crimen organizado, pero su implementación sin control ciudadano ni garantías adecuadas puede derivar en una arquitectura de excepción permanente, donde el poder se ejerce sin límites”
En los barrios populares, cualquier vecino podría ser considerado “sospechoso” por contexto. Esto pone en jaque principios fundamentales como la presunción de inocencia, la libertad de organización y el derecho a la privacidad.
Radiografía de la Ley Antimafia
Ciudadanía bajo sospecha
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Sospecha por cercanía o contexto
La norma no se orienta a hechos concretos sino a vínculos y afinidades. Basta convivir, militar o trabajar cerca de alguien investigado para ser alcanzado por medidas restrictivas. -
Principio de inocencia invertido
El Estado no necesita probar un delito: el ciudadano debe demostrar que no está implicado. Se desplaza la carga de la prueba en una regresión jurídica peligrosa. -
Expansión del control digital y territorial
Interceptaciones, seguimientos y allanamientos preventivos deterioran derechos fundamentales como la privacidad, la reunión pacífica y la libertad política. -
Persecución encubierta a organizaciones sociales
Sindicatos, cooperativas y agrupaciones populares podrían ser encuadradas como “estructuras delictivas” si incomodan al poder político.
Los policías: carne de cañón del nuevo orden legal
Quienes deben implementar esta ley son trabajadores policiales que no cuentan con herramientas, respaldo legal ni protección gremial real. La presión es creciente y los márgenes de error, cada vez más peligrosos.
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Ejecutores sin garantías
No existen manuales específicos, formación ni cobertura jurídica automática. Si algo falla en un operativo, el que paga es el agente, no el que firmó la orden. -
Expuestos a causas penales por obedecer
Los errores procedimentales se convierten en delitos. Mientras los responsables políticos se deslindan, el efectivo queda solo frente a la justicia. -
Sin respaldo gremial ni defensa profesional
En un contexto de sindicalización negada, miles de policías trabajan sin redes institucionales, lo que los convierte en víctimas de un sistema que dice “protegerlos”. -
Desgaste emocional y riesgo físico
Operar en zonas calientes, bajo presión judicial y mediática, sin protocolos psicosociales ni contención posterior, deteriora la salud mental del personal. -
Engranajes descartables del relato oficial
En la doctrina de la excepción, el policía es útil mientras sirve al espectáculo del control. Si algo sale mal, se lo descarta como chivo expiatorio.
Seguridad con derechos o control sin alma
Lo decimos con claridad: no se trata de oponerse a combatir el delito, sino de exigir que se lo haga respetando la Constitución, protegiendo a quienes trabajan en la calle y evitando que la ciudadanía se convierta en sospechosa estructural.
Ya en mayo, en nuestro análisis “Seguridad o control”, advertimos que sin control judicial y sin protocolos garantistas, la Ley Antimafia podía transformarse en un instrumento de disciplinamiento político y social. La habilitación judicial en Rosario confirma nuestra preocupación.
Conclusión: derechos en riesgo, poder sin límites
La aplicación de la Ley Antimafia en Rosario no es solo un hito judicial: es una encrucijada institucional. Si no se regula, fiscaliza y limita con claridad, el poder que dice protegernos puede volverse contra todos.
Es necesario entonces:
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Publicación urgente de protocolos operativos.
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Protección legal integral para el personal policial.
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Respeto irrestricto al debido proceso ciudadano.
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Control legislativo y social de cada medida.
Porque sin límites, el poder no combate al crimen: lo reproduce.
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“Análisis Crítico y Propuestas de Reforma Ante La Ley 27.786” (2025) by Apropol Noticias
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(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Ex oficial de la policía de Santa Fe, Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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