
El reciente procesamiento del oficial Cristian Rivaldi, acusado de «abuso de autoridad y lesiones leves» por haber rociado con gas pimienta a una nena de 10 años y su madre durante una protesta frente al Congreso, es una consecuencia directa de una política represiva sin respaldo legal ni ético.
Por Alberto Martínez (*)
¿Dónde están los responsables políticos?
Ya lo advertimos hace meses: empujan a los trabajadores policiales a un escenario de confrontación con el pueblo, con protocolos represivos bajados desde escritorios lejanos y sin formación ni cobertura legal real. Cuando las cosas salen mal, el fusible siempre es el agente de calle. Nunca el ministro, nunca el secretario, nunca el político que dio la orden o toleró el protocolo.
El oficial Rivaldi está ahora solo. Procesado. Señalado por la prensa. Expuesto al escarnio público. Pero, ¿alguien investiga la cadena de mando? ¿Alguien le explicó los límites legales de esa intervención? ¿Alguien lo defendió en serio? Silencio absoluto. Como siempre.
Ya lo sabíamos
Desde este medio, y en innumerables editoriales, lo advertimos con todas las letras:
“Van a poner a los compañeros en situaciones imposibles, y después los van a dejar solos ante la justicia.”
Y así fue. No hay política preventiva, no hay formación operativa seria, no hay respaldo real. Solo hay órdenes confusas, tensión social creciente y una estrategia deliberada de choque.
¿Qué proponemos?
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Protocolos de actuación basados en la legalidad y el respeto a los derechos humanos, no en el miedo ni en la improvisación.
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Cobertura jurídica real y inmediata para todo el personal actuante.
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Evaluación del impacto político y judicial antes de aplicar métodos de represión masiva.
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Participación de los trabajadores policiales en las decisiones operativas. Basta de ser carne de cañón.
A todos los compañeros: abramos los ojos. Hoy fue Rivaldi. Mañana puede ser cualquiera. La línea que separa una intervención legítima de un procesamiento judicial es cada vez más fina… y nadie va a saltar por vos. Organizate. Defendete. Reclamá lo que es justo.
¡Quién quiera oír que oiga!
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.
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