Avanza una causa por tareas de inteligencia prohibidas durante la protesta en Puente 12.
Por Alberto Martínez (*)
28 de abril de 2025. Lo que parecía una denuncia imposible empieza a abrirse paso en los tribunales: la Justicia Federal ha resuelto investigar al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires por presuntas maniobras de espionaje ilegal contra policías y ciudadanos civiles.
El caso toma como eje central los sucesos ocurridos a partir del 17 de febrero pasado, cuando un grupo de policías bonaerenses —muchos de ellos recientemente desafectados— junto a familiares y ciudadanos de a pie, llevaron adelante una protesta pacífica en Puente 12, reclamando un sueldo digno y condiciones laborales básicas.
¿Qué se investiga?
La causa investiga el uso de tareas de inteligencia prohibidas por ley, presuntamente ordenadas por autoridades del Ministerio de Seguridad para vigilar, fotografiar, seguir e identificar a manifestantes, incluyendo a civiles no uniformados que se acercaron en apoyo.
De comprobarse, estaríamos ante una violación gravísima a la Ley de Inteligencia Nacional (N.º 25.520) y a tratados internacionales de derechos humanos que prohíben expresamente el espionaje sobre personas por motivos ideológicos, gremiales o de protesta pacífica.
El reclamo legítimo: salarios, derechos y dignidad
Durante la protesta en Puente 12 (La Matanza), familiares de efectivos policiales se movilizaron para acompañar los reclamos de fondo. Exigieron:
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Sueldos para recién egresados superiores a $1.600.000
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Aumentos en las horas CORES (servicios extraordinarios)
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Retiros con el 100% del haber y a los 25 años de servicio
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Entrega de dos juegos completos de indumentaria por año
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Asistencia psicológica gratuita
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Planes de vivienda y créditos blandos para el personal policial
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Reincorporación de los efectivos desafectados por marchar
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Readecuación de destinos y cese de traslados arbitrarios
Los manifestantes denunciaron que los sueldos básicos apenas alcanzan los 512 dólares (aproximadamente $600.000), muy por debajo del costo de vida.
Presencia de un infiltrado: escándalo con Mateo Pérez Esquivel
Durante el acampe, se produjo un hecho que encendió aún más la indignación. Los manifestantes detectaron la presencia de Mateo Pérez Esquivel, nieto del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, a quien señalaron como exagente de la AFI durante el gobierno de Alberto Fernández.
Según testigos, Pérez Esquivel fue invitado a retirarse por considerárselo “infiltrado”. No tiene trayectoria en fuerzas de seguridad, ni vínculo con el reclamo, pero —según trascendidos— habría estado presente en calidad de observador o recolector de información, lo cual fue considerado por muchos como una provocación o intento de monitoreo político encubierto.
La causa judicial
Gracias al trabajo persistente del abogado Dr. Rodrigo Tripolone, el expediente fue tomado por la Justicia Federal, que decidió avanzar con medidas probatorias. Desde el espacio «El Desafectado» —conformado por efectivos expulsados y sus familias— celebraron esta resolución como “un triunfo de la verdad y la justicia”.
«Sabemos que el camino es largo, pero cada paso fortalece nuestro compromiso con una causa justa y necesaria», señalaron en su comunicado.
¿Quién responde por el espionaje?
Esta denuncia pone en el centro del debate una cuestión que el poder político prefiere evitar: el uso del aparato estatal de seguridad para vigilar a quienes se organizan y reclaman derechos.
La historia argentina ya nos enseñó, con sangre y lágrimas, lo que ocurre cuando se confunden los intereses del Estado con los intereses de los funcionarios de turno.
Hoy no hablamos de rumores. Hablamos de un expediente judicial en marcha. Y de una verdad que no puede seguir siendo encubierta.
FA24