Tras idas y vueltas judiciales, Mendoza retoma el retiro de celulares en sus unidades penitenciarias. El caso expone una vez más la tensión entre la seguridad y los derechos humanos en contextos de encierro.
Por Rubén Pombo
El juez Sebastián Sarmiento, titular del Juzgado de Ejecución Penal, había dictado una medida cautelar suspendiendo el retiro de celulares en las cárceles Boulogne Sur Mer y San Felipe. Lo hizo tras un hábeas corpus colectivo, en el que se denunciaba que el Servicio Penitenciario no garantizaba medios alternativos suficientes para que los internos pudieran comunicarse con sus familias y defensores.
La medida generó un fuerte rechazo del gobierno de Mendoza, que incluso consideró pedir el juicio político del magistrado, calificando su decisión como un «avasallamiento judicial».
La presión política torció el rumbo judicial
Ante el clima de tensión institucional, el propio juez Sarmiento se apartó voluntariamente de la causa. Su reemplazante, el juez Juan Manuel Pina, revocó la medida y habilitó nuevamente la quita de celulares, tras dar lugar a un recurso de apelación del Servicio Penitenciario.
La pulseada la ganó el Ejecutivo. Pero el debate sigue abierto.
¿Seguridad o derecho a la comunicación?
El uso de celulares en las cárceles es un tema espinoso. Por un lado, se los vincula con delitos organizados desde el encierro. Por otro, su retiro sin garantizar alternativas viables vulnera derechos básicos como la comunicación con el entorno afectivo y la defensa en juicio.
La CIDH y diversos organismos recomiendan que los Estados garanticen medios adecuados y suficientes de comunicación en contextos penitenciarios, especialmente para mantener vínculos familiares y evitar el aislamiento total.
Lo que está en juego
-
La seguridad penitenciaria y el control de dispositivos que pueden usarse para delitos.
-
El derecho humano a la comunicación, especialmente en un contexto donde las visitas están restringidas o sujetas a protocolos especiales.
-
La independencia del Poder Judicial, cuando decisiones incómodas son respondidas con presiones políticas y amenazas de juicio político.
El debate no termina acá
La decisión del juez Pina resuelve lo urgente, pero no lo importante. No responde al planteo de fondo: ¿cómo garantizar la comunicación sin comprometer la seguridad?
En lugar de avanzar con una solución integral, el Estado optó por el atajo de siempre: más control, menos derechos. Y una advertencia implícita a los jueces que osen contrariar al poder político.
Notas relacionadas:
El Gobierno de Mendoza apeló el fallo que frena el retiro de celulares en cárceles
Entre rejas y señales: ¿pueden convivir la seguridad pública y el derecho a la comunicación?
FA24
#APROPOL #FASIPP #FRECUENCIAZUL #DerechosHumanos #SistemaPenitenciario #CelularesEnCarceles #JusticiaIndependiente #SeguridadSinAbuso #Mendoza #ComunicacionEnElEncierro