Tras un hábeas corpus favorable a un grupo de internos, la ministra Mercedes Rus acusó al juez Sarmiento de “avasallar al Ejecutivo” y presentó una apelación.
El fallo judicial
El juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento resolvió el miércoles suspender la aplicación de la Resolución 533/25 del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, que disponía el retiro progresivo de celulares y otros dispositivos electrónicos en las unidades penitenciarias Boulogne Sur Mer y San Felipe. La decisión respondió a un hábeas corpus colectivo presentado por internos que estudian carreras de la Universidad Nacional de Cuyo, quienes denunciaron la vulneración de su derecho a la comunicación.
Reacción del Ejecutivo
Este jueves, el Gobierno provincial apeló la medida a través de la ministra Mercedes Rus, quien calificó el fallo como un “claro exceso jurisdiccional”. En un comunicado oficial, la funcionaria expresó que el magistrado se extralimitó en sus facultades y “avasalló competencias exclusivas del Poder Ejecutivo”, especialmente en materia de administración penitenciaria.
El Ejecutivo también cuestionó que el juez aplicara el fallo a toda la población penal, cuando el pedido original había sido presentado por un grupo específico de internos. Para el Gobierno, esto constituye una decisión ultra petita, que excede el marco procesal del hábeas corpus.
Argumentos de la apelación
Entre los puntos centrales de la apelación, el Ministerio de Seguridad y Justicia alegó:
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Que el juez intervino en cuestiones administrativas que no le competen.
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Que reglamentar el uso de dispositivos en contextos de encierro es función del Servicio Penitenciario.
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Que la Corte Suprema ya avaló este principio durante la pandemia de COVID-19.
Asimismo, advirtieron sobre los “efectos perjudiciales y colaterales” que puede generar la suspensión de la Resolución 533/25 sin una evaluación de seguridad penitenciaria.
Entre rejas y señales: ¿pueden convivir la seguridad pública y el derecho a la comunicación?
En contexto
La medida judicial generó fuerte repercusión política en Mendoza, especialmente entre los sectores que impulsan una línea dura en política carcelaria. La apelación del Gobierno busca restituir el control administrativo sobre el régimen de comunicaciones en los penales provinciales, en un contexto de creciente tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo por el manejo del sistema penitenciario.
FA24
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