Una voluntaria de la Armada Argentina, Brisa Páez, de solo 21 años, se encuentra en estado crítico tras sufrir una grave lesión cerebral durante un entrenamiento antidisturbios en la base naval de Vicente López.
Por Alberto Martínez (*)
El caso, que ya tiene nueve detenidos, no solo sacude por su brutalidad, sino por la pregunta institucional de fondo: ¿qué hacen las Fuerzas Armadas entrenando para tareas policiales?
Los hechos y la gravedad institucional
El entrenamiento tuvo lugar el 4 de abril, pero recién trascendió días después. Páez, con apenas cuatro meses en la fuerza, participaba de un simulacro de control de disturbios. Según testimonios judiciales, uno de los instructores golpeó violentamente el escudo que sostenía, provocando su caída hacia atrás y el impacto de su cabeza contra el suelo. El cuadro neurológico que presenta —lesión axonal difusa— es propio de situaciones de violencia extrema, similares a las que ocurren en accidentes viales o contextos de tortura.
La investigación, a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, avanza con indicios de trato diferenciado, violencia deliberada e incluso encubrimiento. Páez no habría recibido atención médica inmediata pese a manifestar dolor intenso y síntomas de desorientación.
¿Por qué una fuerza armada se entrena para reprimir disturbios civiles?
Aquí está el nudo del problema. La función de las Fuerzas Armadas, según el artículo 75 inciso 27 de la Constitución Nacional y la Ley de Defensa Nacional N.º 23.554, está orientada a la defensa de la soberanía frente a agresiones externas. Su involucramiento en prácticas de control de disturbios civiles contradice principios constitucionales básicos y abre la puerta a la militarización de la seguridad interior.
La instrucción antidisturbios es una práctica propia de las fuerzas policiales y de seguridad, que deben actuar bajo los principios del uso racional y progresivo de la fuerza, el respeto a los derechos humanos y la sujeción a la justicia civil. Instruir a militares en este tipo de maniobras puede ser interpretado como una preparación encubierta para tareas de represión interna, algo expresamente prohibido por la Ley de Seguridad Interior N.º 24.059.
“Militarizar la seguridad no es profesionalizarla, es desnaturalizarla. Ni la policía debe funcionar como ejército, ni el ejército como policía.”
Una cultura de violencia institucional que se replica
El testimonio de compañeras de Páez es escalofriante: tratos diferenciados, violencia arbitraria, y un contexto formativo de sumisión y obediencia que poco tiene que ver con los valores democráticos de una fuerza de defensa nacional. Si esto ocurre en etapa de instrucción, ¿qué clase de cultura institucional se está sembrando?
La frontera entre defensa y seguridad no debe difuminarse. Cada vez que se borra esa línea, crece el riesgo de violaciones a los derechos humanos, como la historia argentina ya lo demostró con dolorosas consecuencias.
¿Un caso aislado o una política en las sombras?
No es la primera vez que se denuncia el avance de doctrinas de orden interno en ámbitos militares. Tampoco es ajena la creciente presión política para utilizar a las Fuerzas Armadas como herramientas de control social, frente a un Estado que no logra —o no quiere— reformar y fortalecer sus instituciones civiles.
Este episodio debe servir como advertencia. La militarización de la seguridad, aunque se disfrace de entrenamiento, es peligrosa, inconstitucional y contraproducente. Lejos de fortalecer al Estado, lo vuelve más autoritario, más violento y más incapaz de ofrecer justicia.
¡Quien quiera oir que oiga!
(*) Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana por la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), ex oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe, dirigente gremial policial y periodista.
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